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Ley de seguridad interior dará certidumbre a las fuerzas federales y armadas


Publicado el 11 de Diciembre del 2017 9:24 a.m. OPINIÓNJESÚS ARMANDO LIOGON BELTRÁN



Por: Jesús Armando Liogon Beltrán

 

La Cámara de Diputados aprobó el jueves 30 de noviembre la Ley de Seguridad Interior, que regula la actuación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública, cuyos términos la impulsó el PRI y es rechazada por organizaciones ciudadanas y partidos de la oposición, al expresar que militariza el país y abre la puerta a violaciones de derechos humanos.

En sí, la ley aprobada establece que el presidente podrá ordenar la intervención de las fuerzas armadas para enfrentar “amenazas a la seguridad interior”. En tanto Organismos No Gubernamentales ONG señalan que la ley militariza al país.

Sin embargo la Ley de Seguridad Interior aprobada establece el procedimiento con el que el presidente de México podrá ordenar la intervención de las fuerzas armadas en algún punto del país, cuando se identifiquen “amenazas a la seguridad interior” y las capacidades de las fuerzas federales o locales resulten insuficientes para hacer frente a “la amenaza”.

Ante la situación tan difícil que guarda el país en materia de violencia e impunidad, el propio presidente Enrique Peña Nieto consideró como una “imperiosa necesidad”, la nueva Ley aprobada por la Cámara de Diputados; por lo que señalo algunos puntos de relevancia:

1.- En el artículo 11 se establece que el presidente de la República podrá ordenar por sí o a petición de las legislaturas de las Entidades Federativas, la intervención de la Federación para la realización e implementación de Acciones de Seguridad Interior, es decir, una intervención del Ejército y la Marina en zonas de conflicto.

Es decir cuando cuando se detecte Amenazas a la Seguridad Interior, que “comprometan o superen las capacidades efectivas de las autoridades competentes para atenderla”, o bien cuando haya falta o insuficiente colaboración de las entidades federativas y municipios en la preservación de la Seguridad Nacional.

2.- Al existir las condiciones de amenaza mencionadas en el punto anterior, el presidente de la República, previa consideración del Consejo de Seguridad Nacional, determinará la procedencia de la intervención de la Federación y expedirá, dentro de las setenta y dos horas siguientes, la Declaratoria de Protección a la Seguridad interior.

Al expedirse la Declaratoria, debe tener el visto bueno del Consejo de Seguridad Nacional y luego la Secretaría de Gobernación debe notificar a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para proceder a la publicación en el Diario Oficial de la Federación.

3.- En el artículo 16, establece que “en aquellos casos en que las amenazas representen un grave peligro a la integridad de las personas o el funcionamiento de las instituciones fundamentales de gobierno”, el Presidente de la República, “bajo su estricta responsabilidad”, podrá ordenar acciones inmediatas de las Fuerzas Armadas; “sin perjuicio de la emisión de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior en el menor tiempo posible”.

4.- En el artículo 7, se establece que “los actos realizados por las autoridades con motivo de la aplicación de esta Ley deberán someterse, en todo momento y sin excepción, a la preservación irrestricta de los derechos humanos y sus garantías, de conformidad con los protocolos emitidos por las autoridades correspondiente.

5.- “En los casos de perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto y cuya atención requiera la suspensión de derechos, se estará a lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y leyes respectivas”.

6.- El artículo 8 indica que “las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político-electoral que se realicen pacíficamente de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como Amenazas a la Seguridad Interior, ni podrán ser materia de declaratoria de protección a la seguridad interior”.

7.- En el artículo 15 se señala que al emitirse la declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, deberá fijarse el plazo de la intervención de las fuerzas armadas, “la cual no podrá exceder de un año”. “Agotada su vigencia, cesará dicha intervención, así como las Acciones de Seguridad Interior a su cargo”, sin embargo, “las condiciones y vigencia de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior podrán modificarse o prorrogarse, por acuerdo del Presidente de la República, mientras subsista la amenaza a la Seguridad Interior que la motivó y se justifique la continuidad de las Acciones”.

8.- En la ley se establece que “las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas desarrollarán actividades de inteligencia en materia de Seguridad Interior en los ámbitos de sus respectivas competencias.

Al realizar tareas de inteligencia, las autoridades facultadas por esta Ley podrán hacer uso de cualquier método lícito de recolección de información. Toda obtención de información de inteligencia se realizará con pleno respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Sin embargo La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) advirtió sobre los “potenciales riesgos” de la iniciativa de Ley de Seguridad Interior, para regular la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, de cara a su discusión en el Congreso.

La emisión de una ley de seguridad interior, la Comisión señala: “contribuiría a mantener el estado actual de cosas, al favorecer el uso discrecional de las Fuerzas Armadas como base de una estrategia para abatir la violencia e inseguridad que se enfrenta, dejando de lado la necesidad de emprender acciones coordinadas y efectivas, desde los distintos niveles y órdenes de gobierno, para fortalecer los recursos y capacidades de las policías civiles, instancias a las que corresponde de manera exclusiva llevar a cabo las tareas de Seguridad Pública en términos del artículo 21 Constitucional”.

La CNDH acusó que las fuerzas armadas han tenido que ejercer tareas de seguridad pública, por “la omisión, la indiferencia y la falta de resultados contundentes en la capacitación y desarrollo de las policías”; “los potenciales riesgos del dictamen que será objeto de discusión son múltiples y de diversa gravedad”.

“Tan sólo por mencionar algunos, se podrían referir desde las imprecisiones conceptuales al mezclar el ámbito de la Seguridad Nacional con la Seguridad Interior; una definición sumamente amplia y ambigua de Seguridad Interior que permitiría configurar, prácticamente, cualquier conducta como un riesgo a la misma, para lo cual no habría criterios objetivos sino una facultad discrecional genérica”.

“la falta de mecanismos reales y efectivos de rendición de cuentas; la posibilidad de que las Fuerzas Armadas realicen tareas de investigación y prevención de delitos; así como la transgresión a los derechos de reserva y secrecía en favor de las víctimas al obligarse a todas las autoridades a entregar cualquier información que sea requerida en este ámbito”. “no establece en forma expresa la forma como se conciliará la prevención, investigación y persecución de delitos con el amplio espectro de conductas que se pretenden encuadrar como materia o riesgos a la Seguridad Interior, siendo en consecuencia previsible que su aplicación trasgreda, desde el origen, garantías procedimentales básicas y derechos humanos reconocidos en la Constitución, lo cual propiciará que los responsables de una conducta ilícita tengan una puerta abierta para eludir la acción de la justicia por la indebida actuación de las autoridades, una vez que sus acciones fueran puestas a consideración de un tribunal de derecho”. “Mucho de lo que el dictamen refiere como materia de Seguridad Interior serían cuestiones que, bajo otra óptica se podrían considerar, como propias del ámbito de la Seguridad Pública”. La discusión sobre la ley de seguridad interior, concluyó la Comisión, no puede ser producto de decisiones coyunturales o políticas”.

“Tal y como este Organismo Nacional lo ha expresado de manera reiterada, sus contenidos deben ser respetuosos de la dignidad humana, del marco jurídico vigente en el país y encuadrarse dentro de una política integral que incida positivamente en los problemas de seguridad y justicia que enfrentamos desde hace más de diez años Una ley no puede hacer explícita la violación a los derechos humanos, promover la ilegalidad o contravenir la Constitución”.

Por otro lado, once organizaciones internacionales de defensa de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, expresaron su “preocupación ante el avance de la Ley de Seguridad Interior o de las reformas legales que tendrían un efecto de militarización similar al que plantea”.

“Tal y como este Organismo Nacional lo ha expresado de manera reiterada, sus contenidos deben ser respetuosos de la dignidad humana, del marco jurídico vigente en el país y encuadrarse dentro de una política integral que incida positivamente en los problemas de seguridad y justicia que enfrentamos desde hace más de diez años. Una ley no puede hacer explícita la violación a los derechos humanos, promover la ilegalidad o contravenir la Constitución”.

CONSECUENTEMENTE, NI MÁS… NI MENOS… SOLO LO JUSTO!...

“LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR ESTABLECE UN MARCO NORMATIVO QUE DARÁ CERTIDUMBRE AL ACTUAR DE LAS FUERZAS FEDERALES Y ARMADAS”; “es necesario que el Ejército y la Armada actúen en coordinación”. “En materia de seguridad debemos ser políticamente sin colores, ya que es una decisión de Estado, de gobierno”. Señala el Dr. Renato Sales Heredia Comisionado Nacional de Seguridad. Por su parte el Senador Roberto Gil Zuarth, del PAN refiere: “el proyecto Ley de Seguridad Interior pretende reformar a las policías, sólo busca establecer las condiciones y reglas que debe seguir el Ejecutivo federal para disponer de las Fuerzas Armadas en auxilio y colaboración de las entidades federativas, sin afectar las condiciones de tranquilidad y de normalidad institucional” “vamos a analizar con mucho detalle, si cumple con estos objetivos y cumple con estos lineamientos generales, no tendría ningún inconveniente”; por lo que será valioso valorar los debates la Ley de Seguridad Interior, mañana martes 05 de diciembre cuando las comisiones de Marina, Defensa Nacional, Gobernación y Estudios Legislativos del Senado dictaminen y decidan si turnan la ley al pleno.

Instancia parlamentaria responsable de la aprobación definitiva y en consecuencia se reglamente la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad

 

 

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