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Los costos de los precios de garantía


Publicado el 8 de Octubre del 2019 11:31 a.m. EDITORIALEDITORIAL



En días pasados, el presidente López Obrador anunció el inicio de su programa de precios de garantía que se aplicará a ciertos productos agropecuarios.

    Si bien se argumentaron algunas nobles intenciones, en cualquier país estos apoyos tienden a disminuir el bienestar de la sociedad.

    Los artículos seleccionados son el frijol, el maíz, el arroz, el trigo y la leche, con precios de garantía notablemente superiores a las referencias actuales de mercado.

    Desde la óptica gubernamental, la justificación del plan es ‘social’, porque buscará beneficiar exclusivamente a los pequeños y medianos productores de esos bienes y, de esta manera, aliviar la pobreza. Asimismo, se espera que, con la mayor producción, México reduzca las importaciones y ‘se acerque’ a la autosuficiencia alimentaria.

    Para asegurar que los apoyos se dirijan a la población objetivo, las autoridades establecieron extensiones territoriales máximas para los cultivos. Además, con el fin de evitar intermediarios, sólo comprarán directamente a los productores, cubriéndoles de forma inmediata el valor de la cosecha al precio oficial, lo que puede ser en efectivo.

    El manejo del programa estará a cargo de un nuevo organismo, denominado Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), cuyas funciones incluyen la adquisición, el acopio, la distribución y la comercialización de los productos protegidos.

    Este proyecto es similar con los sistemas de precios de garantía que prevalecieron en México durante la mayor parte de la segunda mitad del siglo XX. Con alcances variables, tales medidas alcanzaron su cenit durante los años setenta, y fueron gestionadas por Conasupo, cuya misión era muy semejante a la de Segalmex.

    Los resultados de los apoyos de precio durante esas décadas fueron muy inferiores a los esperados, con la pérdida de la autosuficiencia alimentaria, lograda por algún tiempo en algunos cultivos gracias a la Revolución Verde, y sin una disminución clara de la pobreza.

    El actual gobierno ha prometido que su programa no incurrirá en las deficiencias de los anteriores, incluyendo la corrupción que los caracterizó. Además, buscará descartar desvíos mediante una ‘contraloría social’, la cual consistirá en la confirmación de los propios campesinos de que los beneficiarios satisfacen los requisitos estipulados.

    El problema principal es que los precios de garantía generan costos que superan cualquier posible beneficio y, tarde o temprano, los hacen inviables.

    Los costos de los precios de garantía fácilmente sobrepasan cualquier ganancia poten–cial para la población que se desea favorecer.

    El mejor remedio de la pobreza es el crecimiento económico, el cual se dificulta con las distorsiones y los elevados costos de transacción asociados con los precios de garantía.

 

 

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