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¿Quién da más?


Publicado el 2 de Octubre del 2017 10:39 a.m. OPINIÓNLeonardo Kourchenko



Por: Leonardo Kourchenko

 

Con vertiginosa celeridad los partidos políticos –los grandes, los que importan– se han volcado con propuestas e iniciativas hacia la donación, renuncia o entrega de recursos. Súbitamente, como cubetazo de agua fría, los señores líderes de los partidos asumieron la conciencia y la sensibilidad para sintonizar con el enojo ciudadano. En cosa de días, cimbrados por el sismo y ante una aplastante respuesta ciudadana, comprendieron lo que es evidente desde hace años: tenemos un modelo democrático oneroso donde los señores legisladores –entre muchos otros– cuestan mucho dinero al país.

No es un tema nuevo. Al inicio de esta administración figuraba ya, desde las discusiones del Pacto por México, el tema de la reducción de plurinominales (de 200 a 100) en la Cámara de Diputados, para dejar una conformación final de 400 representantes (300 distritales de representación y 100 plurinominales). 

Pero el eterno golpeteo y forcejeo partidista, desconectado y lejano de la ciudadanía, archivó el tema por considerar que beneficiaba a los grandes (PRI, PAN, PRD) y perjudicaba a los chicos, justamente a esas organizaciones para quienes fue diseñado el sistema de representación plurinominal. Gran ironía.

La oferta apresurada, desde Andrés Manuel con Morena –el primero– de 50 por ciento de sus recursos a un fideicomiso, la del PRI con Enrique Ochoa y 100 por ciento de lo que queda de 2017 más todo el 2018 –año electoral–,más los que se han venido sumando como el Frente y la dudosa oportunidad de las fechas, se convirtió en el ¿quién damás?, ¿quién se cuelga la medalla frente al electorado?, ¿quién deja registrada la primogenitura de la renuncia de recursos, la entrega del dinero?

Sin embargo, esta oferta desmedida de los dineros públicos en posesión de los partidos presenta otra serie de problemas. En primera instancia los legales y, de ser necesario, constitucionales por la urgencia de una reforma en caso que se opte por la cancelación definitiva de financiamiento público a los partidos. Pero más allá de los caminos de reforma o renuncia temporal, es inevitable hablar del modelo: el financiamiento público tiene el sentido de evitar –inhibir, por lo menos– la llegada de otros dineros –privados o ilícitos– a la construcción de campañas y por ende de funcionarios comprometidos y a sueldo de sus patrocinadores. ¿Realmente tiene sentido desaparecer por completo el financiamiento público total?, o ¿debiéramos buscar un modelo híbrido que reduzca sensiblemente la onerosa burocracia partidista y asigne recursos exclusivos para campañas, ajustados, disminuidos? Estos serán temas obligados de debate en los próximos días en el Congreso. Más allá del mérito partidario, es una oportunidad histórica para hacer una auténtica autocrítica de su gestión como partidos, del gasto ostentoso, de la ausencia absoluta de austeridad –con emergencia o sin ella.

Los partidos políticos han perdido el contacto con la ciudadanía, el vínculo de representación que supone la figura de diputado ante la Cámara o de senador. Perdieron su identificación con causas e ideas de sus representados, perdieron, por ende, representatividad. Pero por encima de todo, perdieron credibilidad, prestigio –¿cuándo fue la última vez que un diputado gozó de reconocida reputación favorable por la ciudadanía?–, confianza.

¿Se recupera mediante la entrega de los dineros? Aunque de fondo sepamos que las campañas se financian por otras vías, las más de ellas con dineros también públicos desviados y camuflados desde dependencias y gobiernos estatales. Es difícil creer que la gente ignora estos mecanismos, aunque circularmente –como son los vicios– los exigen y los demanda. Ya viene una campaña y las comunidades, los organismos, los grupos y sindicatos empiezan a pedir extraordinarios emolumentos a sus cuentas, ¿con qué mover a la gente si no?

Partidos y políticos han jugado este juego hasta el cansancio, en el vulgar disimulo, en la coartada sistémica: “Así son las cosas”, dicen con resignación cuando uno recorre plazas o mítines en campaña. 

No hay exentos en este camino de corrosivo financiamiento que aceita una maquinaria cíclica para encumbrar a falsos profetas de la honestidad. Todos han jugado, todos han repartido, distribuido, en esta farsa de la democracia libre. 

Por ello resulta inverosímil el anunciado compromiso republicano de renunciar a los dineros. Hay truco, hay engaño, en el calendario, en los tiempos, en las prerrogativas, en la conciencia clara de que obtendrán dinero de otras partidas, obras, contratos y comisiones. 

Tal vez ha llegado el momento de reformular el modelo, de debatir en serio y a fondo la viabilidad de fuerzas que obtienen recursos enormes y subsisten en cargos, puestos y alianzas para que no se acabe el negocio. 

No a los dineros a partidos y sus burocracias; sí a dineros controlados y transparentes para campañas. Sí a la auditoría en tiempo real de esas campañas; sí al castigo inmediato y ejemplar de quien rebase los topes. Cárcel a quien compre votos, intercambie despensas, entregue tinacos y electrodomésticos. 

Es una oportunidad histórica para acabar con los excesos y las desviaciones. Y de paso, señores legisladores, si es auténtico su compromiso, eliminemos comisiones inservibles e inexistentes, pero que cuestan y cobran. Eliminemos los viajes inútiles de legisladores, eliminemos dietas, bonos, seguros y prestaciones excesivas.

 

 

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